En medio del caos político y la inestabilidad de
su presidencia, Fujimori viajó el 13 de noviembre a la
reunión del APEC en Brunéi, Asia, en su
condición de Presidente del Perú. Al finalizar esta
conferencia, sorpresivamente viajó a Japón. Ante el
temor de que fuera denunciado penalmente por los actos de
corrupción de su gobierno y alegando falta
explícita de garantías para su integridad
física; Fujimori, desde Tokio, remitió por fax al
Congreso de la República, su renuncia formal y luego,
envió un mensaje a sus partidarios, anunciándoles
que renunciaba a la Presidencia de la
República.
Ante lo insólito del hecho y los diversos
escándalos al interior del régimen descubierto, el
Congreso de la República decidió rechazar la
renuncia y declarar vacante la Presidencia de la República
aduciendo "incapacidad moral permanente" y lo inhabilitó
para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10
años.
Polémica naturaleza de su gestión
Si bien nominalmente la gestión de Alberto
Fujimori abarcó tres "períodos constitucionales" de
gobierno, es importante mencionar que Fujimori Fujimori
encabezó un gobierno constitucional hasta el autogolpe de
1992. Se instaura, entonces, un "Gobierno de Emergencia y
Reconstrucción Nacional" contrario a la carta de 1979,
aunque siguió usando el título de "Presidente
Constitucional de la República" para firmar los documentos
oficiales. Es el Congreso Constituyente Democrático el que
inviste a Fujimori de una nueva "constitucionalidad".
En virtud de los varios méritos atribuibles a su
gobierno, sus partidarios lo consideran "el mejor presidente de
la historia del Perú". Sin embargo, ha sido criticado
fuertemente por su estilo de gobierno y ha sido objeto de
acusaciones por diversos actos de corrupción, violaciones
a los derechos humanos (lesa humanidad), entre otros;
además, dada su ruptura con el orden constitucionalidad,
su control sobre los medios de comunicación y su aparente
deseo de perpetrarse en el poder, ha sido calificado como
autoritario e, incluso, como dictador, por algunos sectores de la
prensa, la población y la intelectualidad del
país.
Después de su gobierno
Exilio en Japón y el inicio del proceso de
extradición
Desde el momento de su renuncia y hasta su posterior
detención en Chile, Fujimori residió en
Japón y le fue reconocida la nacionalidad japonesa en su
condición de hijo de padres japoneses.
El nuevo gobierno peruano, trasladó al
Japón el pedido de las autoridades judiciales peruanas
solicitando la extradición de Fujimori, pero el gobierno
nipón protegió hasta el final al ex presidente.
Japón nunca se pronunció sobre los cuadernillos de
extradición, a cargo de las autoridades peruanas;
situación que se mantuvo hasta que Fujimori viajó a
Chile. Sin embargo, pese a que Japón nunca se
pronunció oficialmente, es conocido que la
legislación japonesa prohíbe la extradición
de sus ciudadanos a terceros países. La Fiscal de la
Nación, de ese entonces, Nelly Calderón Navarro
insistió sobre la necesidad de que Japón extradite
a Fujimori, y dijo que en caso contrario se recurriría a
la Corte Internacional de Justicia.
El Canciller del Perú, el 14 de marzo de 2005,
durante su intervención ante la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU, señaló: "El
Gobierno del Perú reitera su invocación al Gobierno
del Japón para que contribuya al acceso a la justicia,
autorizando la extradición del ex presidente Alberto
Fujimori." Desde su impuesto autoexilio, Alberto Fujimori
sostuvo que todo el proceso seguido en su contra se debía
a una venganza política, con acusaciones basadas
en relatos de terceros, que no han aportado pruebas objetivas en
contra suya.
Viaje, detención y extradición desde
Chile
El 6 de noviembre de 2005 Fujimori llegó a
Santiago de Chile procedente de Tokio, a bordo de un vuelo
privado, habiendo ingresado a este país con pasaporte
peruano (con lo cual escogió utilizar la peruana como
nacionalidad activa y la japonesa como nacionalidad pasiva). Al
día siguiente fue detenido por orden de un ministro de la
Corte Suprema chilena, que emitió un auto de
detención previa contra él, luego de un
requerimiento de la Embajada del Perú en Chile (causa Rol
Nº 5646-2005).
Mientras tanto, en Lima, se convocó a un Consejo
de Ministros urgente para evaluar la nueva situación
presentada tan de improviso, que fue presidido por el presidente
Alejandro Toledo Manrique, que tomó la decisión de
enviar una comisión a la capital chilena, a fin de iniciar
los trámites de extradición de Fujimori al
Perú, para que fuere procesado por los delitos que se le
imputa haber cometido, entre los años 1990 y
2000.
Previo a su llegada a Chile, Fujimori habría
pasado por Tijuana (México), pero no se le detuvo, hecho
que posteriormente produciría el despido del jefe de la
sección de Interpol en Tijuana. Carlos Abascal, secretario
de Gobernación (Interior) mexicano, explicó que
había sido imposible su detención porque no
había una orden de extradición por parte del
gobierno peruano, después se dijo que Fujimori
había usado su pasaporte japonés, y que la orden
emitida por la Interpol estaba basada en los datos contenidos en
su pasaporte peruano. Lo mismo ocurrió con el Jefe de la
Interpol Perú, quien no respondió las llamadas de
la Interpol Chile.
El proceso de extradición al Perú se
inició formalmente el 6 de enero de 2006, mediante una
solicitud presentada por la Embajada del Perú en Chile
ante la Corte Suprema chilena. Tras su detención, a partir
del 7 de noviembre de 2005 y hasta el 18 de mayo de 2006,
Fujimori estuvo detenido en la Escuela de Gendarmería de
Chile.
El 18 de mayo de 2006, la Corte Suprema de Chile
otorgó la libertad bajo fianza a Fujimori, tras haber
permanecido detenido más de medio año, aunque con
una orden de arraigo que le impedía salir de territorio
chileno mientras se desarrolle el procedimiento.
Estando a la espera del fallo sobre la
extradición y teniendo la nacionalidad japonesa en calidad
de pasiva, Fujimori, decidió aceptar postular como
candidato al Senado del Japón, por la agrupación
política de extrema derecha llamada Kokumin Shinto
(japonés: "Nuevo Partido del Pueblo"). Las
elecciones se realizaron el 29 de julio de 2007 y resultó
un fracaso total para el candidato Fujimori, quien no fue
elegido.
El 11 de julio de 2007, el ministro de Corte Suprema de
Chile, y juez de la causa contra Fujimori, Orlando Álvarez
rechazó el pedido de extradición solicitado por el
Estado peruano, fundado en que los delitos no estarían
suficientemente acreditados. Ante ello, el Gobierno del
Perú presentó un recurso de apelación ante
la misma Corte Suprema, cuyo conocimiento y resolución
corresponde a la sala penal (Rol Nº 3744-2007). En agosto
del mismo año, se decretó el arresto domiciliario,
tras una petición de un representante del
Perú.
En la mañana del 21 de septiembre de 2007,
Alberto Chaigneau, presidente de la segunda sala (Sala Penal) de
la Corte Suprema Chilena, anunció que se había
acogido la solicitud de extradición de Fujimori, tras un
mes desde los alegatos finales de las partes ante el tribunal.30
Chaigneau informó que 7 de las 13 acusaciones por delitos
presentados contra Fujimori fueron aprobadas: cinco por casos de
corrupción, cuya votación fue dividida y aprobada
por mayoría; y dos por faltas a los derechos humanos (lesa
humanidad), aprobados por unanimidad.
Juicio a Fujimori
El 22 de septiembre de 2007, Alberto Fujimori es
extraditado al Perú, por decisión de la Corte
Suprema de Chile, para responder por diversas acusaciones ante la
justicia peruana. El avión que lo transportó
primero aterrizó a las 13.20 horas en Tacna, luego lo hizo
a las 16.40 horas en la Base Aérea de Las Palmas de Surco,
en Lima. Posteriormente fue trasladado y recluido en la
Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la
Policía Nacional del Perú. Poco después se
inició el primer juicio contra el acusado Fujimori, por el
allanamiento ilegal, a fines de su gobierno, a la casa de su
asesor Vladimiro Montesinos, que se hizo usurpando la autoridad
del poder judicial.
El 10 de diciembre de 2007 se inició en Lima el
juicio contra Alberto Fujimori por los sucesos denominados
masacres de "Barrios Altos", y "La Cantuta" así como por
los delitos cometidos en el "Sótano del SIE", Servicio de
Inteligencia Nacional.
Delitos de Alberto Fujimori
Caso Barrios Altos: Violaciones de Derechos
Humanos
El 3 de noviembre de 1991, en el Jirón Huanta No.
840 de Barrios Altos, seis miembros del Grupo Colina asesinaron a
15 personas y dejaron a otras 4 con heridas graves.
En este caso, el ex Mandatario está acusado como
coautor del asesinato de 15 personas, entre ellas un niño
de ocho años, y del delito de lesiones graves en agravio
de otras cuatro personas.
Los hechos
Eran las diez y treinta de la noche del 3 de noviembre
de 1991. Una pollada se realizaba en el Jirón Huanta No.
840, Barrios Altos, para recaudar fondos con el objetivo de hacer
reparaciones en la quinta. De pronto, dos vehículos, uno
de marca jeep Cherokee y otro Mitsubishi, ambos con luces y
sirenas policiales, se detuvieron fuera del inmueble. Seis
individuos fuertemente armados irrumpieron en la
fiesta.
Los individuos, cuyas edades oscilaban entre los 25 y 30
años y tenían los rostros cubiertos con
pasamontañas, obligaron a los asistentes a arrojarse al
suelo. Entonces, dispararon indiscriminadamente por un
período aproximado de dos minutos. Con la misma celeridad
con que habían llegado, los atacantes huyeron en los dos
vehículos, haciendo sonar las sirenas, que las
habían apagado al momento de llegar al inmueble. Quince
personas murieron e hirieron gravemente a otras cuatro, quedando
Tomás Livias Ortega, permanentemente
incapacitado.
Los sobrevivientes declararon que las detonaciones
sonaban "apagadas", lo que permite suponer que utilizaron
silenciadores. Durante la investigación, la policía
encontró en la escena del crimen 111 cartuchos y 33
proyectiles del mismo calibre, correspondientes a pistolas
ametralladoras.
La investigación
Las investigaciones judiciales y los informes
periodísticos revelaron que los involucrados eran miembros
del Ejército Peruano y que pertenecían al
Grupo Colina, un "escuadrón de eliminación", que
llevaba a cabo su propio programa antisubversivo.
Una semana después del ataque, el congresista
Javier Diez Canseco presentó a la prensa una copia de un
documento titulado "Plan Ambulante", el cual describía un
operativo de inteligencia llevado a cabo en la escena del crimen.
Según dicho documento, desde enero de 1989,
supuestamente diversos "subversivos" se reunían en ese
inmueble y se encubrían bajo la apariencia de vendedores
ambulantes.
El 15 de noviembre de 1991, en el Congreso se
nombró una Comisión Investigadora, conformada por
los senadores Róger Cáceres Velásquez,
Víctor Arroyo Cuyubamba, Javier Diez Canseco Cisneros,
Francisco Guerra García Cueva y José Linares Gallo.
Lamentablemente, esta comisión no concluyó su
investigación por el cierre del Congreso, como
consecuencia del golpe del 5 de abril de 1992. El nuevo Congreso
Constituyente Democrático, elegido en noviembre de 1992,
no reanudó la investigación ni publicó lo ya
investigado por la extinta comisión.
Aunque los hechos ocurrieron en 1991, recién en
abril de 1995 se inició una investigación seria del
incidente. La Fiscal de la Cuadragésima Primera
Fiscalía Provincial Penal de Lima, Ana Cecilia Magallanes,
denunció como responsables de la matanza de Barrios Altos
al General de División Julio Salazar Monroe, entonces Jefe
del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el Mayor Santiago
Martín Rivas, y los Suboficiales Nelson Carbajal
García, Juan Sosa Saavedra y Hugo Coral Goycochea. Varios
de ellos ya estaban condenados en el caso La Cantuta.
Cuando la Jueza Antonia Saquicuray del 16º Juzgado
Penal de Lima formalizó la denuncia, los oficiales
militares respondieron que la denuncia era improcedente en el
fuero civil, porque el Mayor Rivas y los suboficiales se
encontraban bajo la jurisdicción del Consejo Supremo de
Justicia Militar. El General Julio Salazar Monroe se negó
a responder las citaciones argumentando los privilegios que
tenía como Ministro de Estado.
Por ello, el Consejo Supremo de Justicia Militar
dictó una resolución que impedía que los
acusados y el Comandante General del Ejército y Jefe del
Comando Conjunto, Nicolás de Bari Hermoza Ríos,
rindan cualquier declaración ante algún otro
órgano judicial. Al iniciarse las investigaciones, el
Tribunal Militar solicitó competencia sobre el caso,
alegando que se trataba de oficiales militares en servicio
activo.
En las primeras horas del 14 de junio de 1995, la Ley
Nº 26479 fue aprobada tan pronto como fue aceptada. Era la
famosa Ley de Amnistía que exoneraba de
responsabilidad a todos los integrantes de las fuerzas de
seguridad y civiles que fueran objeto de denuncias,
investigaciones, procedimientos o condenas, o que estuvieran
cumpliendo sentencias en prisión, por violaciones de
derechos humanos. Se exoneraba la responsabilidad y se
archivaba definitivamente los casos.
Sin embargo, a los pocos días, ante la
decisión de la Juez Saquicuray de no aplicar la ley
de amnistía a este proceso, basándose en la Carta
Magna, porque violaba las garantías constitucionales y las
obligaciones internacionales que la Convención Americana
imponía al Perú, la Fiscal de la Nación,
Blanca Nélida Colán, anunció el cierre del
caso Barrios Altos.
La promulgación de la Ley Nº 26492
eliminó las dudas. Ésta tuvo el propósito de
interferir con las actuaciones judiciales del caso Barrios Altos.
La ley declaró que la amnistía era de obligatoria
aplicación. Además, ampliaba la amnistía a
todos los funcionarios militares, policiales o civiles que
aún no hubieran sido denunciados.
El 14 de julio de 1995, la Undécima Sala Penal de
la Corte Superior de Justicia de Lima archivó
definitivamente el caso bajo el argumento de que la Ley de
Amnistía no era antagónica con la
constitución ni con los tratados internacionales de
derechos humanos. Además, ordenó una
investigación a la juez Saquicuray por haber
interpretado las normas incorrectamente.
El 26 de marzo de 1996 la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) registró la denuncia de APRODEH
en nombre de los familiares de las 15 personas muertas y las
cuatro personas heridas en los hechos ocurridos en Barrios Altos.
Sin embargo, meses antes, la CIDH había recibido denuncias
sobre el caso, entre ellas por la Ley de
Amnistía.
El 14 de marzo de 2001, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sentenció que las leyes de
amnistía carecían de efectos jurídicos y
ordenó la reapertura de las investigaciones. Asimismo
dispuso la reparación a las cuatro víctimas que
sobrevivieron y a los familiares de las 15 víctimas
muertas, por las violaciones de derechos humanos cometidas en
esta masacre. El 3 de setiembre de ese mismo año, la
Corte, a pedido de la CIDH emitió una sentencia
interpretativa donde señala que las leyes de
amnistía Nº 26479 y 26492 carecen de efecto
jurídico.
En los años siguientes, el gobierno peruano
concluyó la entrega de la reparación (175 mil
dólares) a las víctimas sobrevivientes y deudos de
este crimen, previo reconocimiento de la responsabilidad del
Estado peruano en este caso.
Piden sentencia para Montesinos
El 13 de mayo de 2005, el fiscal superior
anticorrupción Pablo Sánchez Velarde pidió
treinta y cinco años de prisión efectiva para el ex
asesor presidencial Vladimiro Montesinos, por considerarlo
el autor intelectual de la denominada matanza de Barrios Altos.
Además se incluyeron otros crímenes como el del
asesinato de un grupo de campesinos en la provincia de Santa en
Áncash y de la desaparición del periodista Pedro
Yauri a manos del grupo paramilitar Colina.
En su dictamen acusatorio Sánchez Velarde
responsabilizó a Montesinos Torres de los delitos de
homicidio calificado, desaparición forzada de personas,
secuestro agravado y asociación ilícita para
delinquir, razón por la cual pidió que el ex
asesor pague la suma de cien mil nuevos soles para cada una
de las familias de los agraviados en estos casos.
La pena que pidió el fiscal fue similar para
Santiago Martin Rivas, del Grupo Colina, el ex jefe del Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza
Ríos y el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional,
Julio Salazar Monroe por haber avalado la realización de
estos crímenes de lesa humanidad, justificando para ello
que formaban parte de la lucha antisubversiva.
Asimismo solicitó 30 años de
prisión para el mayor Carlos Pichilingue Guevara, como
también para el ex miembro del grupo Colina, Fernando
Rodríguez, y otras 51 personas, para las cuales
pidió penas de entre 8 y 30 años de prisión.
Este dictamen acusatorio fue remitido a la Sala
Anticorrupción "A", que remitió al Ministerio
Público el expediente acumulado de los casos de
violación de derechos humanos para que se emita el
dictamen fiscal correspondiente.
Actualmente, el caso se encuentra acumulado en el
proceso abierto contra el grupo Colina que se encuentra en etapa
de juicio. Asimismo, el caso Barrios Altos es uno de los
argumentos actuales por los que se solicitará la
extradición de Alberto Fujimori quien se encuentra en
Chile.
Caso La Cantuta: Violaciones de Derechos
Humanos
En la madrugada del 18 de julio de 1992, efectivos
militares e integrantes del "Grupo Colina" invadieron los campus
la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La
Cantuta, en una operación antiterrorista. En medio de la
oscuridad, irrumpieron en los dormitorios de los profesores y
estudiantes, llevándose a la fuerza al académico
Hugo Muñoz Sánchez y a nueve alumnos: Luis Ortiz
Perea, Armando Perea Cóndor, Bertila Lozano Torres, Dora
Oyague Fierro, Robert Teodoro Espinoza, Heráclides Meza,
Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan
Mariños Flores.
De los secuestrados no se supo nada durante un
año, hasta que el 12 de julio del 93, 10 cuerpos fueron
encontrados en fosas clandestinas en la quebrada de Chavilca, en
la localidad de Cieneguilla. Habían sido ejecutados de un
balazo en la cabeza y sus cuerpos, cuando ya estaban en avanzado
estado de putrefacción, fueron trasladados e incinerados,
en un intento por ocultar el crimen. Sólo dos de los
cuerpos fueron identificados.
En este caso, el ex jefe de Estado peruano está
acusado del asesinato y desaparición forzada de nueve
estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán
y Valle "La Cantuta", cuyos cuerpos fueron calcinados y
enterrados en dos fosas clandestinas.
Los hechos
En horas de la madrugada del 18 de julio de 1992,
miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y
de la Dirección de Inteligencia del Ejército
(DINTE), entre ellos, Santiago Martín Rivas y otros
integrantes -en su mayoría del denominado Grupo Colina-
irrumpieron, encapuchados y armados, en las viviendas de
estudiantes y profesores de la Universidad Nacional Enrique
Guzmán y Valle, La Cantuta.
Una vez que los militares ingresaron a las residencias
estudiantiles, obligaron a todos los estudiantes a salir de sus
dormitorios y a echarse en posición de cúbito
ventral. Uno de los efectivos procedió a levantar la
cabeza de cada uno de los estudiantes, tomándolos por el
cabello y separando a los que finalmente fueron detenidos, siendo
éstos: Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis
Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert
Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe
Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas y Juan Gabriel
Mariños Figueroa.
Después de estas acciones, los militares
ingresaron en forma violenta a la vivienda del profesor Hugo
Muñoz Sánchez, trepando por la pared que da al
patio y destrozando la puerta de servicio. Luego amordazaron al
profesor Muñoz Sánchez y le cubrieron la cabeza con
un pantalón negro. Algunos de los atacantes revisaron el
dormitorio e impidieron que su esposa saliera de dicho
dormitorio. Los efectivos militares procedieron a llevarse a la
fuerza al profesor Muñoz Sánchez, quien al momento
se encontraba descalzo y con el torso desnudo. El operativo fue
filmado por uno de los captores. En el camino de la casa del
profesor Muñoz Sánchez a la puerta de ingreso a las
residencias de los docentes, algunos testigos, entre ellos el
señor Octavio Mejía Martel y su esposa, intentaron
intervenir en su favor, pero fueron encañonados y
obligados a retirarse.
Los militares se retiraron de la universidad,
llevándose al profesor Muñoz Sánchez y a los
nueve estudiantes mencionados anteriormente.
Los cadáveres de las víctimas fueron
enterrados clandestinamente, y recubiertos con cal en tres fosas
en la zona denominada Cerro Santa Rosa, Km. 1.5 de la autopista
Ramiro Prialé, propiedad de Sedapal. Posteriormente, y a
raíz de una denuncia pública formulada por el
congresista Henry Pease, los autores materiales del asesinato
procedieron a desenterrar los cuerpos, a incinerarlos y a
trasladarlos a nuevas fosas clandestinas, ubicadas en Chavilca,
Cieneguilla.
La investigación
El 12 de julio de 1993 la revista "Sí", dirigida
por Ricardo Uceda, publicó un croquis en el cual se
indicaba el lugar en que habían sido enterrados parte de
los restos humanos pertenecientes a los secuestrados de la
Cantuta. La Fiscalía realizó entonces una
diligencia de constatación en la quebrada de Chavilca, en
la localidad de Cieneguilla. En dicha diligencia se
constató la existencia de cuatro fosas clandestinas que
contenían restos óseos -la mayoría
calcinados- en dos de ellas, dos juegos de llaves, un proyectil
de bala, restos de ropas, cabellos, etc. También por
denuncia del Director de la Revista "Sí", la
Fiscalía realizó diligencias de constatación
en el Km. 1.5 de la autopista Ramiro Prialé, en un paraje
dentro de los terrenos de la Planta de Tratamiento de La Atarjea,
de la empresa Sedapal, que fue usado hasta ese momento como campo
de prácticas de tiro por la Policía Nacional.
Ahí se hallaron nuevas fosas clandestinas que
contenían restos óseos (un esqueleto humano
completo con ropa, medio esqueleto, tejidos humanos, restos de
cabello y ropas), además de casquillos, proyectiles de
bala y restos de cal.
Las pruebas obtenidas por la Fiscalía se pudo
concluir, en resumen, que los restos hallados en Cieneguilla y en
el Km. 1.5 de la autopista Ramiro Prialé
correspondían por lo menos a tres de los agraviados, los
estudiantes Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Amaro Cóndor
y Juan Gabriel Mariños Figueroa. También se
determinó con certeza que uno de los restos hallados en
Cieneguilla corresponde a Bertila Lozano Torres, atendiendo al
reconocimiento hecho por el Técnico Dental Juan Miguel
Vásquez Tello. Se determinó igualmente que varios
de los restos hallados en Cieneguilla corresponden a los
estudiantes Robert Teodoro Espinoza y Heráclides Pablo
Meza, atendiendo al reconocimiento de los restos de ropas
efectuado por sus familiares. Se estableció también
que algunos de los restos hallados en Cieneguilla
correspondían al profesor Hugo Muñoz
Sánchez.
Acciones legales
En mayo del 2005, el fiscal anticorrupción Pablo
Sánchez pidió 35 años para Santiago Martin
Rivas, del Grupo Colina, el ex jefe del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, Nicolás Hermosa Ríos y el ex jefe
del Servicio de Inteligencia Nacional, Julio Salazar Monroe por
haber avalado la realización de estos crímenes de
lesa humanidad, justificando para ello que formaban parte de la
lucha antisubversiva.Asimismo solicitó 30 años de
prisión para el mayor Carlos Pichilingue Guevara, como
también para el ex miembro del grupo Colina, Fernando
Rodríguez, y otras 51 personas, para las cuales
pidió penas de entre 8 y 30 años de prisión.
Este dictamen acusatorio fue remitido a la Sala
Anticorrupción "A", que remitió al Ministerio
Publico el expediente acumulado de los casos de violación
de derechos humanos para que se emita el dictamen fiscal
correspondiente.
Actualmente, el caso se encuentra en etapa de juicio
oral. En él, varios de los acusados –ex miembros del
grupo Colina– se han acogido a la figura de la
confesión sincera durante el interrogatorio y vienen
narrando cómo se cometió este crimen.
Asimismo, el caso La Cantuta es uno de los argumentos
actuales por los que se ha solicitado la extradición de
Alberto Fujimori quien se encuentra con libertad condicional en
Chile.
Caso Sótanos: Violaciones de Derechos
Humanos
Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el Servicio
Nacional de Inteligencia empleaba las instalaciones del Cuartel
General del Ejército, conocido como "Pentagonito", como un
centro de detención clandestino para los castigos,
torturas y ejecuciones a opositores del régimen
dictatorial. Fujimori sabía del uso que se le daba a dicha
dependencia además que tenía conocimiento de la
estrategia y métodos empleados por las Fuerzas Armadas
peruanas en la lucha contra la subversión.
La versión los ex agentes del grupo Colina,
Jesús Sosa y Santiago Martin Rivas, los cuadernos del
Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) y las
investigaciones de los casos fueron remitidos a la justicia
chilena, a fin de demostrar que durante el gobierno de Fujimori
existió un patrón sistemático de violaciones
a los derechos humanos que obedecía a una estrategia de
lucha contra la subversión diseñada por el mismo
Fujimori.
Entre las víctimas que estuvieron recluidas en
los Sótanos del SIE figuran los estudiantes de la
Universidad Nacional del Callao, Martín Rocas Casas y
Kenneth Anzualdo Castro, asimismo, el caso del ex docente
ayacuchano Justiniano Najarro Rúa. El desenlace de estos
casos fue descubierto a partir de la publicación del libro
"Muerte en el Pentagonito", de Ricardo Uceda, en donde se
aclaró que los autores de estos crímenes
pertenecieron al Servicio de Inteligencia del Ejército
(SIE), lugar en donde las víctimas fueron ultimadas y sus
restos, calcinados. El libro se basó en el testimonio del
ex agente del Grupo Colina, Jesús Sosa, conocido como
"Kerosene", quien narró cómo los estudiantes (Roca
y Anzualdo) y el ex docente (Najarro) fueron secuestrados,
torturados en los sótanos del SIE y posteriormente
incinerados en un horno de dicha dependencia
castrense.
A estos casos se agregan los del empresario Samuel Dyer
y el periodista Gustavo Gorriti quienes también estuvieron
retenidos en las instalaciones del Pentagonito. Incluso, la
propia esposa de Alberto Fujimori, Susana Higuchi, fue
secuestrada y conducida a los sótanos del SIE en donde fue
golpeada y mantenida drogada en un calabozo. Los hechos
ocurrieron cuando Fujimori residía en las
instalaciones del SIE, en 1992.
El 21 de setiembre de 2007, la Corte Suprema de Chile
otorgó la extradición de Alberto Fujimori por los
casos de Samuel Dyer y Gustavo Gorriti.
Samuel Edward Dyer fue detenido, el 27 de julio de 1992,
por el General Carlos Domínguez Solís, en ese
entonces, Jefe de la Dirección de Contra Inteligencia del
SIN, en el Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez". Luego
fue conducido a las instalaciones del SIE, específicamente
a los sótanos de dicho establecimiento. La
detención se produjo al amparo de una supuesta
requisitoria por terrorismo, sin embargo nunca se la mostraron,
ni tampoco el control de la oficina de Migraciones del Aeropuerto
registraba una orden judicial. El agraviado fue conducido en una
camioneta a las instalaciones del SIE y fue recibido por el
Coronel Alberto Pino Cárdenas. Allí estuvo retenido
en una celda de 3×3 metros, sin agua ni servicios. Ese lugar
tenía una pequeña ventana, con rejas al lado
izquierdo, por donde no se veía nada. Al parecer se
trataba de un corredor. Cuando Dyer salió del
sótano vio al requerido caminar por las instalaciones del
SIE, acompañado por un grupo de personas de rasgos
orientales.
El 6 de abril de 1992, Gustavo Gorriti Ellenbogen fue
intervenido en su casa por personal perteneciente al Servicio de
Inteligencia del Ejército (SIE), quienes los trasladaron
en un vehículo a dichas instalaciones. Fue recluido en un
sótano. Lo ubicaron en un cuarto en donde
permaneció hasta las dos o tres de la mañana del
día siguiente. Luego lo remitieron al local de la
Prefectura.
Caso Montesinos: Corrupción
Alberto Fujimori habría dispuesto recursos para
ser entregados a su ex asesor Vladimiro Montesinos por la suma de
S/. 52"500,000 equivalente en ese entonces a US$ 15"000,000.
Dicho dinero fue retirado del presupuesto del Ministerio de
Defensa y luego entregado al mencionado ex asesor a título
de una indebida e ilegal compensación por tiempo de
servicios.
El 19 de septiembre de 2000 el ex Presidente
expidió el Decreto de Urgencia Nº 081-2000, a
través del cual se dispuso una ampliación
presupuestal a favor del Sector Defensa. Este Decreto de
Urgencia fue emitido en forma irregular al no cumplirse el
procedimiento legal y constitucional establecido para su
aprobación, y por sustentarse en información falsa,
como lo fue el hecho de invocar inexistentes razones de seguridad
nacional, con el propósito de financiar un supuesto plan,
denominado "Plan Soberanía", destinado a contrarrestar
posibles invasiones a territorio peruano de los grupos alzados en
armas en Colombia. Finalmente, por orden del ex Presidente
Fujimori, dichos recursos fueron utilizados para la entrega de 15
millones de dólares, en efectivo, a favor de Vladimiro
Montesinos.
El 2 de noviembre de 2000, fecha en que el gobierno
comunicó públicamente el hallazgo de tres cuentas
bancarias a nombre del ex asesor Montesinos en Suiza, Fujimori
intentó ocultar la utilización indebida del dinero,
haciendo entrega al ex Ministro de Defensa, de cuatro maletas que
contenían la suma de 15 millones de dólares
americanos para su devolución al tesoro público.
Dicha entrega se realizó en Palacio de Gobierno en
presencia del ex Ministro de Economía y Finanzas y del ex
Viceministro de Hacienda. El dinero devuelto tendría un
origen desconocido pues se comprobó que no
correspondía al originalmente utilizado.
Caso Allanamiento:
Corrupción
Conocidas las primeras evidencias de la red de
corrupción que operó durante su gobierno e
iniciadas las primeras investigaciones en contra de su ex asesor
Vladimiro Montesinos, Fujimori, ejerciendo funciones que no le
correspondían, dispuso la ejecución de un
allanamiento en los domicilios de Trinidad Becerra, esposa del
mencionado ex asesor, con la finalidad de ubicar y ocultar
pruebas que pudieran incriminarlo.
Para dicho propósito abusó de sus
atribuciones constitucionales y dispuso que personal a su cargo
actuara como Fiscal en la referida diligencia.
Los hechos ocurrieron el 7 de noviembre del 2000 y
contaron con la complicidad de efectivos de las Fuerzas Armadas y
Policiales, quienes además de actuar bajo la
dirección de un falso Fiscal, procedieron a la
incautación de diversas maletas y cajas con documentos y
vídeos, sin efectuar inventario alguno de los bienes o
dejar constancia en acta de lo acontecido. Terminado el
operativo, el material incautado fue trasladado en
vehículos oficiales, al Grupo Aéreo Nº 8 y
luego a Palacio de Gobierno para ser entregados al ex Presidente
Fujimori, quien luego de manipular su contenido y seleccionar
aquello que podría comprometerlo, hizo entrega del
remanente al 41º Juzgado Penal Especial de Lima
Caso Congresistas tránsfugas:
Corrupción
Caso Congresistas tránsfugas, por los delitos de
asociación ilícita para delinquir, y
corrupción activa de funcionarios.
A partir de abril del año 2000 se desviaron
recursos del Estado al Servicio de Inteligencia Nacional y se
creó un fondo para financiar actos de
corrupción, efectuando pagos ilegales a diversos
congresistas electos en las elecciones del 2000. Alberto Fujimori
con su ex asesor Vladimiro Montesinos, los Ministros de Defensa e
Interior y los Jefes de los institutos armados habría
conformado esta organización que tuvo por objetivo inducir
a algunos congresistas electos, mediante pagos, a cambiar de
bancada e integrarse al partido de gobierno con la finalidad que
éste obtenga mayoría parlamentaria (congresistas
tránsfugas) o de lo contrario obtener su apoyo, a
través de sus votos, pero manteniéndose en sus
respectivas agrupaciones (congresistas topos).
Caso Intercepción
telefónica: Corrupción
La interceptación y escucha de conversaciones
telefónicas de políticos, periodistas y otros
personajes opositores al régimen fujimorista, a nivel
nacional se dio durante el gobierno del ex Presidente. Esta
actividad delictiva se llevó a cabo
sistemáticamente desde el 28 de Julio de 1990 al 17 de
Noviembre de 2000, en el marco de aplicación del "Plan
Emilio". Para la implementación de este Plan, el Alberto
Fujimori utilizó indebidamente recursos del
Estado.
Para la comisión de este ilícito penal,
Fujimori conformó una organización criminal con su
ex asesor Vladimiro Montesinos Torres y altos mandos y oficiales
de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina, Fuerza
Aérea), a quienes encargó la elaboración del
referido Plan. La ejecución de las interceptaciones estuvo
a cargo del entonces Comandante EP Roberto Huamán, quien
actuó bajo la supervisión del ex asesor
presidencial Vladimiro Montesinos Torres.
Caso tractores chinos y medios de
comunicación: Corrupción
"Tractores chinos": en ejercicio de sus atribuciones
como Presidente de la República, utilizó recursos
del Estado para financiar la adquisición de tractores a
las Corporaciones Nacionales de la República Popular de
China a través de diversos dispositivos legales que
facilitaron el proceso de adjudicación directa en donde
resultó beneficiada la empresa China National
Constructional & Agricultura Machinery Import & Export
Corporation". La maquinaria adquirida fue utilizada por el ex
Presidente Fujimori en beneficio propio como parte de sus
actividades proselitistas. En este marco se suscribieron dos
contratos.
A través del primero, se adquirieron 3,000
tractores y diversos implementos agrícolas por el precio
CIF total de US$ 23"022,865; y mediante el segundo contrato,
1,100 tractores, maquinaria, implementos agrícolas y
equipos por un monto de US$ 34"767,313. Se ha determinado
que del total de los bienes adquiridos 454 tractores se
encontraban inoperativos y 231 han desaparecido, siendo el valor
de los mismos US$ 10"560,000. Luego de la compra, Fujimori
ejerciendo funciones que no le correspondían dispuso
la distribución directa de los bienes y no el organismo
técnico respectivo conforme a Ley. Para tal efecto, el ex
Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República
comunicó al ex Ministro de Agricultura que los equipos
serían administrados directamente por el Despacho
Presidencial, situación que se mantuvo hasta
1999.
"Medios de comunicación": se utilizaron recursos
del Estado para la compra de Cable Canal CCN-Canal 10 y la
línea editorial del Diario Expreso, a fin de obtener el
apoyo y control de los medios de prensa para su segunda
reelección, es decir utilizó dichos recursos para
su beneficio personal. Para ello, en el mes de septiembre de 1999
coordinó y delegó a Vladimiro Montesinos Torres las
respectivas transacciones. Por las acciones de Cable Canal CCN se
pagó la suma de US$ 2"000,000, lo que representaba el 75%
de las acciones del referido canal.
En el caso del Diario Expreso fue entregada la suma de
US$ 1"750,000 a su propietario, el señor Eduardo Calmell
del Solar. Para la comisión de estos hechos delictivos el
ex Presidente, conformó con Vladimiro Montesinos
Torres y los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas:
José Villanueva Ruesta (Ejército), Elesvan Bello
Vásquez (Fuerza Aérea) y Américo
Ibárcena Amico (Marina de Guerra); una organización
criminal destinada a proveer de fondos al Servicio de
Inteligencia Nacional, para ser utilizados en la
contratación y adquisición de los mencionados
medios de comunicación.
De esta forma, el ex Presidente sólo será
juzgado en Perú por los delitos aprobados por la Corte
Suprema chilena, quedando fuera los siguientes casos:
o
Caso Pago Sunat-Borobio, por los delitos de asociación
ilícita para delinquir y peculado.
o
Caso Faisal, Aprodev, por los delitos de asociación
ilícita para delinquir y peculado.
o
Caso Medicinas chinas, por los delitos de asociación
ilícita para delinquir y colusión
desleal.
o
Caso Desviación de fondos, por los delitos de
asociación ilícita para delinquir, peculado
agravado, falsedad material, y falsedad
ideológica.
o Caso Decretos de Urgencia, por los delitos de
asociación ilícita para delinquir, colusión
desleal, peculado, malversación de fondos, falsedad
ideológica, y favorecimiento bélico a Estado
extranjero, o traición a la Patria.
Sentencia
Fujimori fue hallado culpable por los casos de las
matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, así como de los
presuntos secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del
empresario Samuel Dyer
"Este tribunal declara que los cuatro cargos se
encuentran probados más allá de toda duda razonable
y la sentencia es condenatoria", indicó el juez
César San Martín, presidente de la Sala Especial de
la Corte Suprema.
Luego de este anuncio se inició la lectura del
resumen de la sentencia adoptada por unanimidad, la cual contiene
711 folios.
La sentencia es grave y severa, afirmó el
magistrado César San Martín, presidente de la Sala
Penal Especial, al exponer sobre el sentido del fallo del
colegiado, compuesto además por los vocales Víctor
Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo.
El anuncio de que la sentencia al ex presidente Alberto
Fujimori es condenatoria, no sólo ha causado revuelo en
los medios de información nacionales sino que los
más importantes del mundo, en sus ediciones online, han
destinado titulares al fin del juicio
histórico.
Fujimori, al término de la lectura de su
sentencia, anunció que apelará contra la condena
impuesta.
La resolución en segunda instancia de la Corte
Suprema de Justicia de Perú sobre la condena de 25
años de prisión para el ex presidente Alberto
Fujimori se conocerá en unos cinco meses, explicó
hoy su abogado César Nakasaki.
En declaraciones a Efe, el letrado dijo que tiene 10
días para presentar la fundamentación del recurso
de nulidad (apelación) interpuesto hoy mismo por Fujimori,
tras la lectura de la sentencia.
El ex mandatario peruano, que gobernó entre 1990
y 2000, fue condenado a 25 años de prisión por los
delitos de homicidio calificado, asesinato con alevosía,
lesiones graves y secuestro.
Luego del plazo de 10 días, el expediente es
elevado a la Primera Sala Transitoria de la Corte Suprema que es
la que, en principio, revisaría el fallo en segunda
instancia, explicó Nakasaki.
A continuación, el expediente va a la
Fiscalía para que ésta emita un pronunciamiento y,
finalmente, la sala tiene que señalar la fecha para que
las partes presenten sus informes orales.
Es así que elpaís.com titula "Un
tribunal declara culpable al ex presidente peruano Alberto
Fujimori", para luego detallar que fue condenado por
crímenes a los derechos humanos durante su mandato y que
ha defendido su inocencia y se ha escudado en que tuvo que
"gobernar desde el infierno".
Por su parte, LeMonde.fr informa que en
"Perú: el ex presidente Fujimori es considerado culpable
de violaciones de los derechos humanos"
La cadena de noticias CNN, señala que se ha
encontrado al ex presidente culpable de los cargos de abuso de
los derechos humanos que prevenían la guerra "sucia" en
Perú, en los años 90.
Sin embargo, no sólo la sentencia condenatoria ha
sido resaltada sino que la actitud de sus dos hijos, Keiko y
Kenyi, también ha sido recalcada.
Es así que latercera.com señala que
al interior de la sala, los hijos del ex jefe de Estado, se
vieron apesadumbrados tras conocer el fallo condenatorio contra
su padre.
Mientras que nytimes.com, página del
diario New York Times, señala que Keiko Fujimori,
podría utilizar "la condena de su padre para crear
condolencia y para estimular sus propias ambiciones
presidenciales".
El enfrentamiento entre los simpatizantes fujimoristas y
lo sindicalistas de la CTP rebotó en elmundo.es y en
latercera.com explicando los pormenores de este acto que
dejó a un hombre herido tras recibir un golpe en la
cabeza.
Opiniones
Se han dado diversas opiniones, entre las cuales tenemos
a:
La organización Human Rights Watch (HRW)
consideró como un precedente mundial y un mensaje "muy
poderoso" para la región el fallo que condena a 25
años de prisión al ex presidente Alberto
Fujimori.
José Miguel Vivanco, director de
HRW, destacó que es la primera vez en el mundo que se
condena a un ex jefe de Estado en los tribunales de su
país por delitos cometidos durante su mandato.
"Eso es un hecho absolutamente excepcional. De
hecho, el fallo es tan extraordinario y tan excepcional que no
conozco un precedente en el mundo de un hecho similar, que un ex
presidente sea procesado a nivel local por sus propios
tribunales, por delitos cometidos mientras ejercía el
poder", comentó.
Indicó que, por lo general, los ex presidentes se
escudaban en la impunidad o, en todo caso, eran procesados por la
jurisdicción de los juzgados internacionales.
Por ello, Vivanco resaltó que el fallo del
tribunal presidido por César San Martín genera un
"mensaje muy poderoso" al Perú y a la región porque
ayuda a recobrar la confianza en las instituciones
judiciales.
El activista de derechos humanos sostuvo, en
conversación telefónica con Canal N, que durante
todo el juicio se observaron todas las garantías del
debido proceso y del derecho a la defensa.
El ex presidente peruano Alejandro Toledo dijo que
la condena a 25 años de prisión a su antecesor
Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad, si bien es
una lección para el mundo, es sobre todo una
lección para la clase política.
El fallo "trasciende al Perú, es una
lección para el mundo porque muy pocos países
pueden exhibir a un ex jefe de Estado sometido a un juicio
público con las garantías de un debido
proceso", dijo Toledo en conversación
telefónica con Canal N.
Toledo acotó que la sentencia es "en primer
lugar una lección para toda una clase política' que
debe entender que 'los delitos de lesa humanidad cometidos desde
el aparato del Estado son un hecho cruel e inhumano que deshonra
a quienes hemos tenido y tienen el privilegio de
gobernar".
"Aquellos que hemos tenido la responsabilidad de
dirigir los destinos del país, necesitamos tener
vocación democrática, respeto por los derechos
humanos y la independencia de los poderes", subrayó
Toledo, que gobernó Perú entre 1990 y
2000.
Si bien Toledo expresó que siente 'tristeza' y
'congoja' por los hijos y familiares de Fujimori porque ellos
'recogen el golpe duro de esta decisión (judicial)',
recalcó que en el juicio no se ha juzgado 'al padre que
ellos conocieron' sino al 'político que se equivocó
al ejercer el poder'.
Agregó que también comparte su 'congoja'
con los familiares de las víctimas de las 25 personas
asesinadas en Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), uno de
los dos casos por los que se juzgó a Fujimori, así
como por los miembros de las fuerzas armadas que perecieron
durante la lucha contra el terrorismo.
"Nada justifica el asesinato de personas inocentes,
no se puede acabar el terror con el terror",
puntualizó Toledo, al insistir en que no quiere interferir
con sus comentarios en el proceso dado que aún falta una
segunda y definitiva instancia judicial.
El fiscal supremo titular, José Peláez
Bardales, dijo que la pena de 25 años que se
dictó hoy contra Alberto Fujimori ha sido adecuada y
contundente, por lo que cree que el pedido de nulidad que
pidió la defensa del ex presidente no afectará
en la sentencia que dictó la Sala Penal
Especial.
"Creo que la sentencia está bien
fundamentada, a pesar de que todavía no la he podido leer
en su totalidad. Pero por lo poco que hemos escuchado, creo que
la condena es contundente y será difícil de
rebatir", dijo Peláez Bardales a la
prensa.
Cuando le preguntaron si sentía que la sentencia
había sido un triunfo, el fiscal supremo también
dijo que para este caso la intención fue cumplir con el
deber que le encomendaron y que no ha ganado nada.
"El equipo que trabajó los casos solo
cumplió con su labor. Nosotros (el equipo de fiscales)
estamos cumpliendo con lo que demanda la Constitución del
Estado en defensa de la sociedad y acusando cuando ha quedado
demostrado que la persona acusada ha sido declarada culpable de
los cargos que se le imputaban", afirmó.
Por último, ante la posibilidad de que en la
Corte Suprema -donde se analizará el pedido de nulidad que
hizo la defensa de Fujimori- pueden haber influencias
políticas entre los magistrados cuando tomen una
decisión, considerando que este proceso no va a ser
discutido en un juicio público, Peláez Bardales
dijo que "es probable que hayan presiones políticas,
pero los magistrados que van a haber el proceso son
jóvenes y están haciendo carrera, y tienen un
futuro que tiene que ser resguardado y cuidado", por lo que
un fallo polémico podría manchar sus
carreras.
"Además, las influencias no van a ayudar al
tenor de la decisión final del proceso",
concluyó el fiscal supremo.
El premier Yehude Simon
pidió tranquilidad a la familia y los seguidores
del ex presidente Alberto Fujimori, tras la condena de 25
años de prisión que le fue impuesta por
violaciones contra los derechos humanos.
"Lo que hay que pedir es mucha tranquilidad y asumir
lo que tiene que ser, y pedir los pasos que la democracia
permite, la apelación, y que sea la sala suprema la que
tome el fallo definitivo", expresó el jefe del
Gabinete.
Simon respondió así al ser
consultado por el anuncio de la dirigencia fujimorista de
movilizarse en las calles frente a la condena contra el ex
mandatario.
"Tienen el derecho a apelar y tienen que aceptar que
así son las reglas de juego de la democracia. No se puede
decir lo contrario", señaló al indicar que
particularmente no le alegra que una persona sea condenada a
prisión.
Destacó que la justicia peruana ha actuado con
autonomía y al margen de cualquier
presión.
El congresista y jurista Javier Valle Riestra se
mostró en desacuerdo con la condena al ex presidente
Alberto Fujimori por abusos contra los derechos humanos,
según dijo, porque no estaría basada en
indicios, hechos o pruebas, sino en conjeturas.
En ese sentido, dijo que la sala ha actuado con
"radicalismo" y que la sentencia -según afirmó-
sería "antidemocrática", por no
haber recogido todos los argumentos que presentaron la
fiscalía y la parte civil.
"La sala ha actuado con radicalismo, y esa es otra
demostración de que tenemos un Poder Judicial autoritario
(…) es un sistema autoritario juzgando a otro autoritario
como Fujimori", dijo.
Valle Riestra, quien fue primer ministro del
segundo gobierno de Fujimori, argumentó que no se han
mostrado pruebas que vinculen a Fujimori con el Grupo Colina, y
la ejecución de los casos Barrios Altos y La
Cantuta.
Por su parte, César Nakazaki, abogado
defensor del ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25
años de prisión por delitos de lesa humanidad,
dijo que no le cabe duda que la sentencia en contra de su
patrocinado "es equivocada".
Si bien indicó no haber leído el fallo
emitido por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en su
integridad, dijo que lo estudiará en los próximos
días para ubicar "los errores exactos".
"A mí, como abogado, me corresponde dar una
opinión una vez que vea íntegramente la sentencia,
pero, puedo decir a priori que la sentencia es equivocada; pero
errores exactos (…) recién lo podría hacer
una vez culmine el estudio de la sentencia que voy a empezar
ahora", dijo.
Nakazaki sostuvo que en el primer tema a evaluar, una
vez conocida la sentencia en contra del ex mandatario, es la
fundamentación del recurso de nulidad presentado ante la
Sala.
En ese sentido, indicó que la decisión de
la segunda instancia sobre el fallo contra Fujimori será
"demorará menos" que la primera instancia.
Agregó que el fujimorismo se caracteriza por un
estilo de política pacífica, por ello,
descartó actos de violencia en las protestas de ese grupo
político por la sentencia contra su
líder.
El abogado César Nakazaki continuará
representado la defensa legal del ex presidente Alberto
Fujimori, pese a la sentencia desfavorable que recayó
en su contra al final del juicio por violaciones a los
derechos humanos, afirmó el congresista Carlos
Raffo.
El parlamentario fujimorista calificó de
"extraordinaria" la defensa que realizó Nakazaki durante
el proceso, que duró 15 meses, pese a que éste
concluyó con la aceptación de los cargos en contra
de Fujimori de homicidio calificado, lesiones graves y
secuestro.
"Por supuesto (que Nakazaki
continuará en la defensa de Fujimori), esto (la condena)
no tiene que ver con la defensa, es el primer tiempo
nomás, definitivamente César ha hecho un buen
trabajo, esto es una sentencia política que no tiene nada
que ver con la extraordinaria defensa que ha hecho el
abogado", sostuvo.
Estas declaraciones las formuló Raffo en
los exteriores de la Dirección de Operaciones Especiales
(Diroes), luego que la Sala Penal Especial condenó a 25
años de prisión al ex presidente como autor mediato
por voluntad de organización de los casos Barrios Altos,
La Cantuta y secuestros en el sótano del Servicio de
Inteligencia del Ejército (SIE).
Según el parlamentario, el abogado Nakazaki
no tuvo que probar la inocencia de Fujimori.
Señaló que para los fujimoristas no
existen pruebas que demuestren que Fujimori ordenó
matar.
"En el derecho no se tiene que probar la inocencia,
se tienen que probar culpabilidades, ¿qué pruebas
demuestran que Fujimori ordenó matar? Es lo que nos
seguimos preguntando, y lo reitero, Fujimori no tiene que probar
su inocencia", apuntó.
En cuanto al condenado ex presidente Alberto
Fujimori, este recurrirá a los tribunales
internacionales de derechos humanos para reclamar justicia,
pues, sostuvo, en el país no existieron las
condiciones para un juicio imparcial, anunció el
congresista fujimorista Rolando Sousa.
"Recurriremos a los tribunales
internacionales; no necesariamente a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, pero sí al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Analizamos esa posibilidad",
afirmó.
"El presidente Fujimori no va a tener justicia
en este país y menos a nivel de la Corte Suprema; creo que
eso es imposible por la composición de la corte conformada
a partir de 2000, durante la época toledista",
añadió.
Jorge Del Castillo dijo que "Somos un
país que respeta la independencia de
poderes".
Con la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori, el
Perú demuestra al mundo que vive en una democracia plena,
donde se respeta la independencia de los poderes, opinó
ayer el legislador aprista y ex presidente del Consejo de
Ministros Jorge del Castillo."Qué bueno que la
democracia peruana puede exhibir que a un ex presidente se le
puede juzgar con la transparencia, objetividad e independencia de
la cual ha hecho gala el Poder Judicial, porque vivimos en
democracia", precisó.
"El comportamiento del señor (César)
San Martín y de los demás vocales, de los fiscales,
procuradores y la defensa ha sido ejemplar para el
país", anotó.
Sin embargo, recordó que este proceso aún
no termina, pues la defensa de Fujimori impugnará la
sentencia. "Fujimori presentará un recurso de nulidad
que subirá a la Sala Penal de la Corte Suprema, y
será esta última instancia la que podrá
confirmar la pena, reducirla, anular el fallo o lo que juzgue
conveniente", refirió.
La congresista Keiko Sofía Fujimori
afirmó ayer que la condena impuesta a su padre,
Alberto Fujimori, estuvo "llena de odio y de venganza", y
adelantó que sus seguidores se movilizarán en
las calles porque "el fujimorismo no se va a quedar de
brazos cruzados"."Asistimos a esta audiencia con la esperanza
de escuchar un fallo jurídico, que le otorgase
justicia a Alberto Fujimori. Muy grande es mi
indignación al escuchar un fallo lleno de odio y de
venganza", señaló.
"Obviamente, el fujimorismo no se va a quedar de
brazos cruzados, vamos a salir a las calles a manifestar nuestro
apoyo abierto al mejor presidente que ha tenido este país,
al presidente que salvó del terrorismo a nuestro
país; lo haremos de manera pacífica, pero
obviamente que vamos a salir a defenderlo, porque nos sentimos
orgullosos del trabajo que él ha realizado", dijo,
sin aceptar preguntas de los periodistas.
Momentos después, la legisladora fujimorista
encabezó un mitin con sus simpatizantes, a pocos metros de
la sede de la Dirección de Operaciones Especiales
(Diroes), donde se realizó el juicio, y
dijo: "No pararemos hasta lograr la libertad de Alberto
Fujimori"."Nos sometemos al tribunal del pueblo y lucharemos
allí, y será el pueblo el que libere a
Fujimori", agregó la legisladora. Partidarios del
sentenciado ex presidente llegaron desde muy temprano cerca de la
sede de la Diroes.
La mayoría de ellos llegó a bordo de
ómnibus desde diversos puntos de la Lima y algunos del
interior del país. Posteriormente, algunos juristas
consultados sobre la sentencia dijeron que de acogerse a los
beneficios penitenciarios, Alberto Fujimori podría salir
en libertad a los cuatro años y medio, gracias a la figura
legal del dos por uno y al recurso de libertad
vigilada.
La condena al ex presidente Alberto Fujimori
constituye un "hito fundamental" en la lucha contra la
impunidad en el Perú, sostuvo el asesor especial de
Amnistía Internacional (AI), Javier
Zúñiga.
Mediante un comunicado que difunde el organismo
internacional, Zuñiga destacó que hoy es un
"día histórico" porque no todos los días se
ve a un ex jefe del Estado siendo sentenciado por delitos contra
los derechos humanos como la tortura, el secuestro y la
desaparición forzada de personas.
"Esto demuestra que nadie está exento de
rendir cuentas. Esperamos que éste sea el comienzo de
muchos procesos judiciales, tanto en América Latina como
en el mundo", recalcó.
El representante de AI indicó que dicha
organización siguió con especial atención el
proceso judicial contra Fujimori, a través de observadores
locales e internacionales.
La organización señaló que no ha
recibido información de alguna de las partes del proceso
que pudiera sugerir que el mismo no se ha desenvuelto de manera
independiente o imparcial.
"La bancada nacionalista destaca la labor
intachable del Poder Judicial y ratifica que en una verdadera
democracia tiene que respetarse la independencia de
poderes", sostuvo el vocero de la bancada del PNP,
Freddy Otárola, al respaldar a nombre de su
agrupación la sentencia contra Fujimori.
En ese sentido, precisó que la sala que vio el
caso Fujimori realizó un trabajo serio, objetivo,
desapasionado y no político; lo cual le ha permitido
resolver este asunto con justicia. "Entendemos
también que está sentencia nos da dos mensajes:
quienes atenten contra la democracia ya no pueden estar
tranquilos; y segundo, aquellos que cometen delitos de lesa
humanidad saben que éstos no prescriben."
El penalista Mario Amoretti dijo que el derecho al
indulto, amnistía o beneficios penitenciario que
podría tener Fujimori dependerá de que la Corte
Suprema ratifique la tesis de la sentencia, de que el
dignatario cometió delitos de lesa
humanidad.
Recalcó que si se ratifica esta tesis, entonces
Fujimori no tendría derecho a estos beneficios, pero si,
por el contrario, se concluye que no le corresponde esa figura,
sino el delito ordinario de homicidio calificado, entonces
sí los tendría.
Señaló que si bien los convenios
internacionales que establecen este delito datan de 1959, en el
Perú, es recién a partir de 1998 que se implementa
en el Código Penal.
Bajo esa interpretación, opina que a Fujimori no
se le puede sentenciar por lesa humanidad, porque los casos de
Barrios Altos y La Cantuta fueron en 1991 y 1992.
Como una sanción justa y a la altura de las
expectativas de la población calificó ayer el
secretario general de la CGTP, Mario Huamán, a la pena
de 25 años de prisión impuesta al ex presidente
Alberto Fujimori. "Es una sanción justa que se
esperaba, aunque nosotros esperábamos que se le diera
la máxima condena de 30 años por homicidio
calificado", dijo Huamán.
Indicó asimismo que durante todo el proceso
judicial los fiscales han hecho un trabajo encomiable y
respetable al imponer 25 años de prisión al ex
presidente Fujimori. "Es una sala que ha respondido a las
expectativas de los peruanos para que este tipo de delitos
no se cometa nunca más en nuestro país",
agregó.
Según la agencia de noticias Andina, el
parlamentario dijo que la sentencia contra el ex mandatario
había sido política, destinada a castigar los
sucesos ocurridos a partir del golpe de Estado del 5 de abril
de 1992.
"Es una sentencia política, armada
desde el tema penal y destinada a generar la idea de que Alberto
Fujimori, a partir del 5 de abril de 1992, empezó a
construir un aparato de poder, y en forma muy sutil
señalan que antes no lo hizo porque estaba en
democracia."
Indicó que la Corte Suprema de Justicia,
que dará su fallo definitivo en torno al caso, "no va a
administrar en ningún caso justicia".
Ante esa posibilidad, manifestó que se analizaba
la alternativa de recurrir a los tribunales de justicia
internacionales.
El abogado Ronald Gamarra, defensor de la parte
civil, descartó que pueda proceder una eventual
amnistía o indulto a favor de Fujimori, por tratarse
de una condena por violación de DD HH. Estimó
que el Poder Judicial y las autoridades carcelarias le
otorgarán a Fujimori todos los beneficios de los que
goza como interno.
"Pero lo que debe quedar claro es que el tribunal,
sobre la base de sentencias anteriores de la Corte Interamericana
de DD HH y del TC, ha declarado que los casos de La Cantuta y
Barrios Altos son crímenes de lesa humanidad; por lo
tanto, amnistías o indultos no proceden para ambos
casos", acotó
Delitos condenatorios
En resumen:
1. Fujimori fue hallado culpable por los casos de las
matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, así como de los
secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel
Dyer Ampudia.
2 "Este tribunal declara que los cuatro cargos se
encuentran probados más allá de toda duda razonable
y, por consiguiente, la sentencia que se emite es
condenatoria."
3 Una vez conocido el sentido del fallo, se
inició la lectura de la sentencia adoptada por unanimidad,
la cual contiene 711 folios, 830 parágrafos y 1,258 notas
al pie de página.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia
peruana declaró a Fujimori autor mediato de
homicidio calificado, lesiones graves y de secuestro agravado por
trato cruel. Todos estos delitos fueron calificados como
"crímenes de estado" y los dos primeros como
"crímenes de lesa humanidad"
En los casos Barrios Altos y La Cantuta, la Corte
concluyó que un grupo operativo del Servicio de
Inteligencia del Ejército (SIE) denominado "Colina", autor
directo de los crímenes, fue el brazo ejecutor de un
aparato organizado de poder cuyo dominio y dirección
correspondió a Fujimori. En dicho marco, atribuyó
al ex presidente la decisión de aplicar métodos de
guerra sucia contra la subversión que derivaron –por
acción de este grupo y de los mandos militares– en
los crímenes señalados.
En el caso Sótano SIE, la culpabilidad de
Fujimori fue sustentada a partir de que los hechos respondieron a
disposiciones de Fujimori para detener a Gustavo Gorriti y Samuel
Dyer.
Si bien el ex presidente no cometió los
crímenes directamente, con sus propias manos, sí es
responsable por la decisión de aplicar una política
de guerra sucia como respuesta a la subversión, y en dicho
marco, consentir y encubrir la acción criminal del grupo
Colina, además de favorecer su impunidad. En este
razonamiento, Fujimori representa el punto de partida de una
decisión, que en su fase operativa correspondió
ejecutar a los agentes miembros del mencionado grupo.
La Sala determinó que había elementos
agravantes que permitían aplicarle la pena máxima
permitida –25 años por homicidio–: la
alevosía en la comisión de asesinatos, el trato
cruel a las personas secuestradas, la gravedad y número
masivo de personas afectadas, la condición de poder de
Fujimori, la planificación con la que se ejecutaron los
crímenes, y el hecho de que fueron intervenciones
organizadas en las que participaron múltiples
personas.
En relación a la apelación, que fue
presentada inmediatamente después de leída la
sentencia, deberá sustentarse en 10 días y
será estudiada por otra sala de la Corte Suprema, la
Primera Sala Penal Transitoria, integrada por cinco
magistrados. Dicha instancia no tiene plazo para emitir su fallo,
pero se estima que su resolución será hecha
pública en un lapso de 3 a 5 meses.
Sin embargo, Fujimori tendrá acceso a todos los
beneficios penitenciarios consignados en el Código de
Procedimiento Penal peruano, incluyendo la disminución de
la pena por trabajo y educación. Este Código
establece además que puede reducirse la pena a las
personas que hayan tenido más de 65 años en el
momento de cometer el delito, sin embargo Fujimori, al momento de
los hechos, tenía entre 55 y 56 años. Fujimori
podrá recibir la libertad condicional cuando haya cumplido
la mitad de su pena. Ésta se pide al juez, que tiene la
facultad discrecional de concederla o no.
El caso sirve como ejemplo para otros países pues
muestra cómo un tribunal eminentemente nacional puede
juzgar a un ex jefe de estado con todas las garantías al
debido proceso y devolver la dignidad a las
víctimas. En este caso, el presidente es juzgado por
un tribunal nacional y no por tribunales internacionales o ad
hoc. A lo largo de 160 sesiones desarrolladas en durante 15
meses, el tribunal recibió múltiples testimonios y
analizó abundante evidencia documental entregada por
peritos y expertos, los alegatos de la defensa fueron ampliamente
explicados y escuchados, en más de 12 sesiones, y las
víctimas tuvieron la oportunidad de intervenir.
Reparaciones y fundamentos
El fallo establece también una serie de pagos por
reparación civil de 62 mil 400 nuevos soles a hermanos de
fallecidos en el caso Barrios Altos, y 20 mil dólares a
favor de los herederos legales de las víctimas del caso La
Cantuta.
Asimismo, indemniza por daño extrapatrimonial o
inmaterial a Gorriti y Dyer, con la suma de 46 mil 800 nuevos
soles cada uno.Antes de darse a conocer la pena, la sala dispuso
la lectura de los fundamentos de hecho de su decisión.De
los indicios y evidencias analizados se concluye que la
responsabilidad de Fujimori "está acreditada más
allá de toda duda razonable", precisa la
sentencia.
Indica que Fujimori, sustentado en sus potestades de
mando, decidió constituir un aparato de poder desde el
desaparecido Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), a cargo en
la práctica de su ex asesor Vladimiro
Montesinos.
Es así que, según la sentencia, el ex
mandatario centralizó la labor de inteligencia en el SIN y
en Montesinos, y es a partir de ellos que se forma el grupo
Colina, que materializó los crímenes
denunciados.
En ese contexto, la corte precisa que Montesinos
rendía cuentas y mantenía informado al ex jefe del
Estado, por lo que se descarta que Fujimori desconociera lo
sucedido, más aún cuando sus potestades de mando no
fueron simbólicas, sino efectivas, directas y de
ejecución diaria.
CAPÌTULO II
Fujimori:
líder de agrupaciones políticas
Cambio 90
Cambio 90 es un movimiento político peruano, que
entró en el espacio político en 1989, y se
convirtió en la mayor fuerza política en el
país en 1990. Fue el primer partido
Fujimorista.
El éxito de este partido dependió en gran
medida del rechazo que había generado la clase
política tradicional, cuestionada por la población
a causas del incumplimiento de sus promesas electorales. En las
elecciones de 1990, Alberto Fujimori, Ingeniero agrónomo y
ex rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina entre 1984
y 1989, derrotó en segunda vuelta a Mario Vargas Llosa,
candidato del FREDEMO. El lema de Cambio 90 fue "Honradez,
Tecnología, Trabajo".
Las principales bases de apoyo del partido fueron la
Asociación Peruana de Empresas Medias y Pequeñas
(APEMIPE) junto al sector informal de trabajadores que se
asociaron a APEMIPE, y varios grupos de creyentes
evangélicos. Menos del 4% de la población del
Perú eran de religión protestante, pero los
evangelicos fueron muy activos al nivel del contacto con el
pueblo, justamente donde los partidos políticos
tradicionales eran débiles. La tercera fuerza que
participó en la fundación del novel partido fueron
los llamados "molineros" (profesores, alumnos y trabajadores de
la Universidad Agraria La Molina) que el mismo Fujimori
convocó, entre ellos a la Secretaria del Sindicato de los
Trabajadores, Luz Salgado Rubianes de Parades, a los profesores
Víctor Díaz Lau (que fue el Secretario General de
la Presidencia de la República), Víctor Paredes
Guerra (Presidente del Congreso y de la Cámara de
Diputados entre 1990-1991), Victoria Paredes Sánchez,
diputada por el Callao y Presidenta de la Sociedad de
Beneficencia Pública de Lima, Alberto Sato (congresista),
Juan Cruzado Mantilla (diputado) y Abraham Pacheco (Sub Prefecto
de Lima).
Seis semanas antes de la primera vuelta electoral que se
llevó a cabo el 10 de abril de 1990, Cambio 90 no
reunía ni el 4% del electorado frente al 42% que
tenía el candidato del FREDEMO. Los resultados fueron
sorprendentes al otorgarle a Cambio 90 un segundo puesto con
más de una cuarta parte de las preferencia. En segunda
vuelta obtuvo la victoria.
Sin embargo, su éxito alcanzó a brindarle
importante representación en el Congreso peruano pero
carecía de una mayoría por si solo.
Nueva Mayoría
La Nueva Mayoría es un partido político
peruano populista, sin definida doctrina, cuyo máximo
líder es Alberto Fujimori y su presidenta es la
líder fujimorista Martha Chávez, quien fuera la
primera mujer en ocupar la Presidencia del Parlamento.
Nace como un movimiento en 1992 para las elecciones
constituyentes del mismo año, participa en las generales
de 1995 en alianza con Cambio 90, logrando Fujimori la
presidencia y la mayoría parlamentaria(lo que tanto
anhelaban, puesto que el nombre lo afirmaba así),
participa nuevamente en las elecciones del 2000 en alianza con
Cambio 90 y Sí Cumple en la alianza Perú
2000.
En el 2000 un vídeo descubre la corrupción
del gobierno y Alberto Fujimori renuncia a la presidencia. En el
2001 participa con Cambio 90 pero solo con listas parlamentarias
y sin mayor éxito, ya que su líder, Alberto
Fujimori se encontraba autoexiliado en Japón. Es en ese
momento que empieza la investigación a sus
polémicos miltantess acusadosde corrupción y la
llamada campaña de retorno de Alberto Fujimori.
Luego de la caída de Alberto Fujimori sus
militantes fueron investigados por el gobierno de
transición democrática, debidoa las graves
acusaciones e imputaciones en los sucios manejos del
fujimontesinismo, sus congresistas suspendidos e inhabilitados,
en el gobierno de Alejandro Toledo. En el 2003 ante la ausencia
de Fujimori y la falta de actividad de los demás partidos
fujimoristas, Nueva Mayoría se separe bajo el liderazgo de
Martha Chávez. Consiguen la reinscripción el
año 2004.
Finalmente en el 2005 tras largas negociaciones con el
mismo Fujimori, Nueva Mayoría se incorpora nuevamente
mediante una alianza con Cambio 90 y con el Movimiento Sí
Cumple- Vamos Vecino, para crear la Alianza Sí Cumple.
Nueva Mayoría, actualmente esta como un partido
fantasma.
Perú 2000
Creado por el ex-presidente Alberto Fujimori en 1999 con
miras a las elecciones generales del 2000, de las que
resultó ganador, si bien entre acusaciones de fraude. La
Alianza Electoral agrupaba a los siguientes partidos: Cambio 90,
Nueva Mayoría y Vamos Vecino.
En septiembre de 2000, comenzó a deteriorarse
debido a que el ex-asesor presidencial Vladimiro Montesinos,
entregó una gran suma de dinero a un congresista de la
oposición para que se pasara a sus filas. Después
del escándalo de corrupción, el partido fue
perdiendo su mayoría en el Congreso y eso facilitó
la destitución del presidente Fujimori. Desapareció
por completo en el año 2001.
Sí Cumple
Sí Cumple es un partido político del
Perú, fundado por Alberto Fujimori como Vamos Vecino en
1998 para participar en las elecciones municipales de aquel
año. En 2005 cambió su nombre al actual.
Su máximo líder es Alberto Fujimori y
entre sus demás líderes se encuentran Absalon
Vasquez y su actual Secretario General Nacional, Carlos Orellana
Quintanilla. En 2000, conformó la Alianza Perú 2000
junto con Cambio 90, Nueva Mayoría, apoyando la
candidatura del presidente Alberto Fujimori.
Ese mismo año por conflictos internos y la
caída de Fujimori la alianza se rompe. En el 2001 postula
a las elecciones generales dentro de la alianza Solución
Popular junto a Con Fuerza Perú. Participa solo luego en
las municipales y regionales del 2002.
A partir del 2005 deja de llamarse Vamos Vecino y cambia
su denominación por Si Cumple y conforma nuevamente junto
con Cambio 90 y Nueva Mayoría la Alianza Si Cumple, sin
embargo el Jurado Nacional de Elecciones no aceptó su
conformación, por lo que ésta se
deshizo.
Posteriormente Cambio 90 y Nueva Mayoría
conforman se unen y forman la "Alianza por el Futuro" con las
siglas AF, mientras que Sí Cumple mantiene su
independencia. En la segunda semana de diciembre, tanto el
Congreso Nacional de Sí Cumple, como el de la Alianza por
el Futuro, eligieron a Alberto Fujimori como su candidato a las
elecciones generales del 2006, y como candidata a la primera vice
presidencia a la ex ministra de la Mujer, Luisa María
Cuculiza, y candidato a la segunda Vice Presidencia, al abogado
Germán Krüger.
Cabe resaltar que, entre el 7 de noviembre de 2005 y el
18 de mayo de 2006, Fujimori se encontraba retenido en Chile,
impidiendo su participación en la política
peruana.
En el 2006 el Congreso Nacional de Sí Cumple
decidió participar en las elecciones regionales y
municipales que se realizaron el 19 de noviembre, llevando a
Carmen Lozada (ex congresista) como candidata a la
alcaldía de Lima. Sí Cumple también ha
presentado candidaturas en distritos provinciales y distritales
en todo el país, así como a la presidencia de
varias regiones peruanas.
Alianza por el Futuro
La Alianza Electoral Alianza por el Futuro es una
coalición de partidos políticos peruanos
fujimoristas conformada por tres agrupaciones:
Cambio 90 (C90)
Nueva Mayoría (NM)
Sí Cumple (SC)
Nació con el fin de presentarse a las elecciones
generales del 2006 luego de que se le denegara la
participación a Alberto Fujimori. Fueron liderados por
Martha Chávez.
Una vez iniciado el proceso electoral del 2006, Keiko
Sofía Fujimori inscribió como candidato
presidencial a su padre Alberto Fujimori. Su inscripción
fue denegada ya que Fujimori fue inhabilitado
políticamente por el Congreso de la República del
Perú para ejercer cualquier cargo público hasta el
2011. Inmediatamente, los tres partidos fujimoristas Cambio 90,
Nueva Mayoría y Sí Cumple se unieron con el nombre
de "Alianza por el Futuro", liderados por la ex Presidenta del
Congreso Martha Chávez, lideresa de Nueva
Mayoría.
Durante la campaña electoral, los
acompañantes en la plancha presidencial fueron Santiago
Fujimori y Rolando Souza a la Primera y Segunda Vicepresidencia
respectivamente.
El encargado de los spots televisivos fue el publicista
de Fujimori, Carlos Raffo. Como cabeza de lista al Congreso
estuvo la hija de Fujimori, Keiko Sofía Fujimori y fue
acompañada por altos miembros del fujimorismo.
Los resultados finales de dicha elección le
otorgaron a Martha Chávez menos del 10% de total de votos,
logrando alcanzar el cuarto puesta en la
elección.
El 5 de febrero se oficializó la lista de Alianza
por el Futuro. Según los datos al 100.000% de las actas
computadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales con
respecto al Congreso de la República del Perú, los
congresistas electos por la Alianza por el Futuro son:
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